Turismo de sol y playa y turismo de interior

Si algo ha evidenciado la pandemia que estamos viviendo es su capacidad para determinar la práctica totalidad de nuestros ámbitos de actuación. En lo económico, casi todos los sectores se están enfrentando a perdidas, y no solo monetarias, sino también de naturaleza emocional. Ni que decir tiene que el TURISMO, y en especial el que calificamos de sol y playa, se enfrenta a una crisis sin precedentes a nivel estatal pero especialmente en nuestra Comunidad Autónoma, privilegiado destino nacional, pero sobre todo internacional. Por ello, no se entendió que algunos responsables políticos y sanitarios de ámbito nacional ignoraran su peso dentro de nuestra economía, pero lo que produjo estupor por el mes de junio, en plena desescalada, fue la apertura tan rápida de las fronteras incluso aquellas situadas más allá de la Unión Europea sin protocolos homogéneos de seguridad sanitaria que terminaron de finiquitar de forma precipitada gran parte de la campaña estival.

Para el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el impacto en nuestro país puede suponer unas pérdidas en una cifra superior a los 100.000 millones de euros al cierre del ejercicio 2020, y además, veremos en los próximos meses a que escenario nos enfrentamos entre préstamos bancarios comprometidos que tendrán que devolverse, caídas de ingresos empresariales o cuando no directamente cierres y despidos. Ahora bien, bajo ninguna circunstancia debemos los valencianos estigmatizar el turismo y mucho menos el de sol y playa porque somos líderes mundiales en él y las alternativas económicas al turismo, sin duda necesarias, no se construyen de la noche a la mañana y mucho menos se lideran en tan escaso tiempo, por ello es vital no cometer más errores mientras dure esta situación excepcional en la que forzosamente debemos aprender a convivir. El turismo es un sector que no requiere de un uso intensivo de tecnología, crea empleo y no deteriora en exceso nuestro medio ambiente ni nuestra imagen aunque hay que elevar su calidad porque actualmente se asocia a un modelo de masas, muy localizado y focalizado. Durante este periodo vacacional de verano hemos visto como dentro del contexto general de caída de reservas, el turismo de interior y el turismo residencial en la costa han resistido meridianamente el envite económico y ello debido a la sensación de seguridad sanitaria, la escasa masificación y la proximidad de la naturaleza con su diversidad de paisajes.

El pasado mes de Julio el Conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, convocaba una comisión de expertos funcionarios al objeto de diseñar políticas para reactivar la economía valenciana a consecuencia de los estragos de la pandemia y entre los objetivos anunciados figuraba valorar iniciativas sociales y empresariales que permitan frenar la pérdida de habitantes en zonas en riesgo de despoblación mediante incentivos fiscales de nueva creación. Pero revertir la despoblación o el vacío humano en el mundo rural requiere políticas que van mucho más allá de meros incentivos fiscales, se precisan inversiones y empleo en sectores distintos al agrícola y una atractiva vida cultural para fijar población joven sobre el territorio. Naturalmente, todo ello pasa por elevar su nivel de renta para que puedan vivir dignamente. El Conseller Vicent Soler debe conocer esta realidad y bastaría, entre otras medidas con que se extrajeran de la actual Ley Urbanística Valenciana (LOTUP) las actividades terciarias de alojamiento turístico rural y viviendas turísticas pues son meras actividades que se pretenden desarrollar en la mayoría de los casos sobre edificaciones preexistentes, de fácil y segura implementación mediante verificación técnica en la mayoría de los casos y que en la actualidad están prácticamente sometidas a la dictadura de las Declaraciones de Interés Comunitario (DIC) o itinerarios legales que acaban significando lo mismo y que ningún operador jurídico ignora que constituyen expedientes de escasa seguridad jurídica, nula agilidad y cuya resolución rebasa cualquier ciclo económico, desincentivando todo tipo de inversión por parte de los ciudadanos.

Sobradamente conocemos el magma oscuro difícilmente sintetizable en que se ha convertido la normativa urbanística valenciana después de la vigencia de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística aprobada en el año 1994. Una normativa urbanística que en la hoy día rebasa toda lógica jurídica resultando prácticamente ininteligible. Son tiempos extraordinarios que requieren una colaboración real y no formal entre el sector público y el privado y por ello los actores políticos deberían tomar conciencia que EMPRENDER no puede llegar a ser tan difícil, de lo contrario las buenas intenciones políticas acabarán siendo mera palabrería.

Vicent Cabrera Cabrera. Secretario general del PSPV-PSOE de Benissa