Los empresarios de la Safor y la Marina reclaman juntos las infraestructuras pendientes

Pero sin duda uno de los más relevantes es el déficit de infraestructuras que padece tanto la comarca de la Safor como la de la Marina Alta. En concreto, los dos colectivos empresariales reclaman el llamado tren de la Costa que "pretende vertebrar todo el litoral alicantino uniéndolo con la provincia de Valencia", pero "dados los escasos esfuerzos de las distintas administraciones para construir un tramo de escasos kilómetros se entenderá el escepticismo con el que contemplamos un proyecto de tal envergadura". Los empresarios ponen así de manifiesto que la históricamente reivindicada conexión entre Gandia y Dénia está paralizada igual que el citado proyecto. 

No obstante, y según recogen varios medios de comunicación en sus ediciones de hoy, el Ministerio de Fomento habría dado el primer paso para la realización del estudio de detalle del Tren de la Costa, tras aprobar un convenio en 2011. Mientras tanto de la conexión entre las dos capitales comarcales, a través de la red de Cercanías nada se sabe, un proyecto que nada tiene que ver con el citado tren de la Costa. 

El Ministerio de Fomento también mantiene otras deudas con el sur de la provincia de Valencia y el norte de la Alicante, son la variante de Benissa, paralizada desde hace más de 4 años y que en la campaña de las generales el ahora embajador en Londres, Federico Trillo, aseguró que con Mariano Rajoy en el gobierno las obras se retomarían y lleva dos años ya. 

Asimismo, solicitan una salida de autopista entre Oliva y Bellreguard para descongestionar la N-332. 

Tanto desde el CEDMA como desde FAES, se mostraron en contra de esta medida. Y según remarcaron lo adecuado, en el caso concreto de empresas y autónomos, sería una reducción de las cotizaciones al menos de forma temporal y totalmente reglada. Y lo acertado, para la sociedad en conjunto, es una bajada de los costes de la administración, fácilmente alcanzable mediante el aligeramiento burocrático que supondría la

eliminación de facto de las competencias duplicadas. Así podrían bajar los impuestos y dotar a la ciudadanía de una mayor liquidez, lo que conseguiría avivar el consumo interno y, por tanto, estimular la creación de empleo.

Otro de los temas tratados dentro de la reunión mantenida por ambas federaciones, es el de la financiación de las empresas y autónomos. Sorprende mucho encontrarse con carteles gigantescos de las entidades financieras ofreciendo miles de millones de euros para las empresas. Y sorprende, sobre todo porque por mucho que publiciten, que pregonen y que proclamen, cuando entra un empresario por la puerta la

respuesta más habitual que va a encontrar es “no”, bien sea directamente o bien a través de unas condiciones tan severas y retorcidas que harían renunciar al más insensato. 

Incluso el Gobierno ha reconocido recientemente que los créditos del  ICO, los que habitualmente intentan solicitar empresas y autónomos, habían caído un 70% entre enero y marzo con respecto al mismo periodo

de 2012, pasando de 5.105 a 1.539 millones de euros concedidos. No obstante, y para ser justos, hay que reconocer que en algunas ocasiones se consiguen los créditos. Pero eso sí, a un precio siete veces superior al resto de Europa, y a pesar de que los bancos españoles obtienen el dinero al mismo interés que sus colegas europeos. 

Además de estos asuntos, desde el CEDMA queremos denunciar la forma escogida para llevar adelante las inspecciones fiscales en el terreno de los alquileres turísticos de apartamentos, y que consisten básicamente en presentarse los inspectores de la Agencia Tributaria en la puerta del inquilino –o dejar una notificación- en absolutamente todas las urbanizaciones de Dénia. El año pasado ya le tocó a Calpe. 

En plena temporada alta, esto resulta muy agresivo y molesto, sobre todo para quienes vienen a pasar unos días de descanso. Desde la federación rechazamos la competencia desleal que supone la existencia

de apartamentos de alquiler ilegales, pero creemos que existen otras formas de realizar dichas inspecciones, como por ejemplo acudiendo a los administradores de fincas para contactar con los propietarios o

empresas que gestionan dichos alquileres, y que son –ellos sí- los responsables de su legalidad.

En otros casos, las administraciones públicas están poniendo una serie de trabas incomprensibles no sólo para solucionar problemas, sino también proporcionar una información a la que tenemos derecho absolutamente todos los ciudadanos. Pasa, por ejemplo, con la Confederación Hidrográfica del Júcar, que está remitiendo

comunicaciones incomprensibles a consistorios, empresarios y particulares, quienes cuando tratan de indagar sobre el motivo de dichas comunicaciones o buscar una simple orientación, no obtienen más respuesta que el silencio, dada la negativa de dicho organismo a concertar reuniones con nadie. 

En ámbitos más locales, detectamos también este mismo problema en algunos ayuntamientos, como sucede en Dénia. Pese a todas las dificultades por las que está atravesando la ciudad, llama la atención la aparente falta de interés para contestar a las diversas solicitudes de información e instancias que presentan todo tipo de colectivos sobre temas de crucial importancia, por ejemplo los actuales problemas con las normas transitorias. Esperamos, sinceramente, comprobar un cambio de actitud en los próximos meses.