La empresa que gestiona el laboratorio del hospital de Dénia también procesa muestras de la sanidad privada.

Comunicado de Intersindical Salut a la ciudadanía

Intersindical Salut considera que con esta actividad económica, realizada en instalaciones públicas y con personal de la Consejería de Sanidad, se puede vulnerar el contenido del pliego de condiciones de la concesión administrativa y constituir un uso irregular de recursos públicos para obtener un lucro privado.

El pliego de condiciones que regula la concesión administrativa para la asistencia sanitaria de la Marina Alta, otorgada a la empresa Marina Salud, define el objeto de la concesión como la asistencia sanitaria integral del Área 12, actualmente Departamento de Salud de Dénia, y la población protegida como la de los municipios incluidos en el ámbito geográfico comarcal.

Por esta concesión Marina Salud recibe anualmente una cantidad de dinero públicos suficientes para garantizar los beneficios empresariales y la asistencia sanitaria de la población, es decir, que recibe dinero nuestro (del ciudadano) con la finalidad, única y exclusiva, de sustentar la sanidad pública.

En el momento que se hace efectiva la concesión, la empresa adjudicataria tiene potestad para subcontratar con otras empresas la prestación de diferentes servicios y eso es lo que hizo Marina Salud al externalizar el laboratorio del hospital de Dénia. La privatización de lo ya privatizado recayó en una empresa conocida, en los ámbitos sanitarios madrileños, para ser adjudicataria de la gestión de los laboratorios centralizados de aquella comunidad y por los intentos de fichar como directivo al consejero que ejecutó la privatización. Una forma de actuar que, como mínimo, es éticamente reprobable, porque lanza un montón de sombras sobre la separación entre el interés personal o corporativo y el interés general representado por la administración pública.

Desde hace un año aproximadamente el laboratorio del hospital de Dénia ya funciona como un servicio autónomo, que tiene la capacidad de ordenar su actividad y la desarrolla en instalaciones del hospital, publicas, y con trabajadores propios de la empresa y personal estatutario de la Conselleria de Sanidad. Pero, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa cuando nos hemos enterado de que, además de realizar todas las pruebas diagnósticas que se derivan de la atención sanitaria de la población protegida, también están procesándose muestras que provienen de una clínica privada de otro departamento de salud. Una actividad que sin duda genera un beneficio privado en la empresa y todo, con dinero, instalaciones y personal público.

Desde Intersindical Salut pensamos que esta iniciativa no se incluye dentro de las definiciones de ámbito geográfico y objeto de la concesión antes mencionada, por lo que podríamos plantear y de hecho, así lo hacemos, dudas razonables sobre la legitimidad de esta forma de proceder. No obstante, lo que sí tenemos claro es que como sindicato y como usuarios de la sanidad pública nos sentimos engañados. Pensamos que eso que se llama colaboración público-privada en la sanidad pública es, en definitiva, un instrumento que, amparándose en la opacidad, facilita que empresas y personas sin el más mínimo respeto por lo público, hagan lo negocio con la utilización de recursos que no les pertenecen y que les han sido cedidos para otras finalidades.

En Intersindical Salut velaremos por el uso adecuado de los recursos sanitarios públicos, tanto en lo referente a las cuestiones que afectan a los trabajadores, como para aquellas que afectan a los y las usuarias. Y, en este sentido, trasladaremos al Comisionado o la propia Conselleria de Sanidad el nuestras dudas sobre los hechos que acabamos de detallar, todo sin renunciar a la exploración de otras vías si fueran necesarias.

Intersindical Salut