Respuesta al alcalde de Llíber: el PAI y el futuro de la Vall de Pop

El alcalde de Llíber ha emitido recientemente un comunicado en respuesta a las informaciones sobre el pozo que, según había afirmado públicamente, debía garantizar el suministro de agua del PAI y, además, abastecer al conjunto del municipio. El comunicado contiene, en mi opinión, más ataques personales que argumentos sobre el fondo de la cuestión.

 

Resulta llamativo, además, que el alcalde aproveche un comunicado destinado a defender un proyecto urbanístico para felicitar las fiestas patronales de Sant Roc. Desconozco qué relación existe entre una cosa y la otra. Pero, ya que el alcalde ha decidido abrir este debate, creo que merece la pena responder a algunas de sus afirmaciones.

 

Porque la cuestión fundamental sigue siendo la misma: ¿de dónde saldrá el agua para 500 chalets con piscina?

 

El pozo que debía solucionar todos los problemas

 

En la actualidad, ningún chalet del PAI se abastece de ese pozo y, mucho menos, ninguna vivienda de Llíber.

 

Según la información disponible, el pozo no se encuentra en condiciones de suministrar agua potable a ninguna vivienda y la propia constructora habría comunicado esta circunstancia a la Confederación Hidrográfica.

 

El problema no es menor. En esta zona ya conocemos las consecuencias de la sobreexplotación de los recursos hídricos: otros pozos han terminado salinizándose.

 

Por eso resulta especialmente relevante recordar que, hace dos años, alrededor de 700 vecinos presentaron alegaciones contra la concesión de agua vinculada al PAI. En aquellas alegaciones ya advertían de que el supuesto pozo que debía garantizar el suministro de agua a 500 chalets con piscina no ofrecía las garantías que se estaban anunciando.

 

También cuestionaban los datos de consumo utilizados en la documentación municipal y la falta de contraste administrativo de determinados estudios sobre la calidad del agua.

 

El tiempo ha dado sentido a aquellas advertencias.

 

Si no es el pozo, ¿de dónde saldrá el agua?

 

Esta es probablemente la pregunta más importante de todo este debate.

 

En la última vista judicial celebrada esta primavera, según se expuso en sede judicial, tanto la VAPF como el Ayuntamiento de Llíber plantearon la conexión de la urbanización con la red de agua procedente de Parcent.

 

Y aquí aparece una contradicción difícil de ignorar.

 

Llíber ya tiene problemas para garantizar el suministro. Ya existen restricciones. Y, sin que exista todavía el PAI, el municipio consume prácticamente el doble de agua procedente de Parcent que la que tiene concedida.

 

Aun así, la solución que se plantea para una urbanización de 500 viviendas pasa por conectarla a esa misma red.

 

La explicación ofrecida en sede judicial resulta todavía más sorprendente: se sostiene que habrá suficiente agua gracias a la reducción de las fugas de Xaló.

 

Es humillante y más cuando los datos de consumo de 2025 apuntan precisamente a un incremento del consumo de agua de Llíber asociado a las fugas.

 

¿De verdad podemos construir nuestro futuro hídrico sobre esta premisa?

 

Hay además otra cuestión que considero todavía más preocupante.

 

En sede judicial, Llíber y la VAPF mantienen la tesis de que el PAI no necesita legalmente un nuevo recurso hídrico. El propio alcalde lo defiende en sus escritos, apelando a que los trámites iniciales del proyecto se remontan al año 2000, antes de determinadas exigencias posteriores de suficiencia hídrica.

 

Es cierto que el plan parcial es anterior. También es cierto que la aprobación definitiva del PAI se produjo en enero de 2021.

 

Pero más allá de la discusión estrictamente jurídica, existe una cuestión que debería ser mucho más sencilla: ¿tiene sentido construir 500 chalets con piscina en una zona que ya sufre restricciones de agua si no está garantizado el recurso hídrico?

 

Para mí, la respuesta es evidente.

 

La legislación puede ser interpretada de una manera u otra. La realidad física del territorio, en cambio, es mucho más difícil de interpretar: el agua que no existe no aparece porque un expediente administrativo tenga veinte años.

 

Y si no somos capaces de asumir esta realidad, estamos condenando a la Vall de Pop a una situación de sequía crónica

 

El PAI volvió a cobrar vida en enero de 2021, en plena pandemia, cuando buena parte de la actividad social estaba paralizada y los bares y locales de ocio permanecían cerrados.

 

Se hizo con prisas y con una tramitación que, en mi opinión, pasó demasiado inadvertida para buena parte de la ciudadanía.

 

Las prisas en conceder licencias para los cinco primeros chalets por parte del PP de Llíber responden a la situación económica que atravesaba el Ayuntamiento. José Juan Reus tenía en 2022 el Ayuntamiento en una situación económica límite. No se pagaba el servicio de basura, los servicios sociales de la MASSMA y otros servicios. Lo único que se pagaba a tiempo eran los sueldos de los políticos de Llíber, los más altos por población de la comarca.

 

El contexto de aprobación tuvo éxito en lo que se refiere a impedir recursos a tiempo. Los tribunales han archivado la causa impulsada por Xaló y Alcalalí. Pero conviene explicar qué significa ese archivo: la resolución judicial se fundamenta en cuestiones formales relacionadas con la posibilidad de realizar una revisión de oficio fuera de plazo.

 

El archivo judicial no equivale, por tanto, a afirmar que el modelo urbanístico sea adecuado desde el punto de vista hídrico o medioambiental. Se regocija el alcalde de Llíber que los denunciantes han tenido que pagar 900 euros de costas judiciales. El impacto potencial sobre los recursos hídricos de los municipios de la Vall de Pop, sin embargo, podría tener un coste infinitamente superior. De millones de euros.

 

¿Desarrollo o hipoteca para nuestros pueblos?

 

También merece una reflexión el argumento económico.

 

La defensa del PAI se presenta habitualmente como una oportunidad de crecimiento y generación de riqueza. Pero deberíamos preguntarnos qué tipo de riqueza genera.

 

Si para construir nuevas viviendas necesitamos más agua, más infraestructuras, más servicios públicos y más presión sobre unos recursos ya limitados, ¿quién paga finalmente la factura?

 

La experiencia nos dice que no siempre la paga quien obtiene el beneficio inmobiliario.

 

La pagamos entre todos.

 

Y existe otro riesgo: que el desarrollo urbanístico termine expulsando a nuestros propios jóvenes del mercado de la vivienda. Los precios que pueden asumir determinados compradores con una elevada capacidad adquisitiva están muy lejos de lo que pueden pagar muchas familias que han nacido y trabajan en nuestros pueblos.

 

No quiero una Vall de Pop convertida en un lugar donde nuestros hijos tengan que marcharse porque no pueden acceder a una vivienda mientras se construyen urbanizaciones destinadas a compradores con mayor poder adquisitivo.

No se trata de demonizar la construcción

 

Conviene decirlo claramente: no estoy en contra de la construcción, ni del turismo, ni de que las empresas trabajen.

 

Todo lo contrario.

 

Precisamente porque quiero que las pequeñas y medianas empresas de la construcción, de los servicios y del turismo tengan futuro, creo que debemos apostar por otro modelo.

 

Un modelo que rehabilite viviendas, que genere actividad económica local, que ponga en valor nuestro patrimonio, que permita que nuestros jóvenes puedan vivir aquí y que no consuma recursos naturales por encima de nuestras posibilidades.

 

Los grandes proyectos urbanísticos pueden generar beneficios inmediatos para algunos, pero también pueden dilapidar el valor añadido de un territorio entero.

 

No podemos volver a los años noventa.

 

Pero todavía estamos a tiempo de decidir qué Vall de Pop queremos para las próximas décadas.

 

El riesgo ambiental tampoco es una cuestión menor

 

El alcalde también ha hablado de la Declaración de Impacto Ambiental y sostiene que esta no ha caducado.

 

La cuestión es que la normativa autonómica fue modificada en 2024 para evitar la caducidad de determinadas declaraciones.

 

Mientras tanto, buena parte de los análisis de riesgos ambientales del PAI tienen más de 25 años.

 

¿De verdad creemos que las previsiones realizadas hace un cuarto de siglo pueden servir para planificar con garantías el territorio actual?

 

Los riesgos de incendios, inundaciones y otros fenómenos extremos han cambiado. Y hemos tenido ejemplos demasiado recientes para ignorarlos.

 

Este verano hemos vuelto a comprobar la gravedad de los incendios forestales. Hace dos años vivimos las consecuencias devastadoras de la DANA.

 

Planificar urbanísticamente sin actualizar adecuadamente los riesgos no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de responsabilidad.

 

Llíber no puede convertirse en un símbolo del urbanismo del pasado

 

El problema del modelo urbanístico de Llíber tampoco nace con este PAI.

 

La Vall de Pop ha sufrido durante décadas una presión urbanística que ha transformado profundamente nuestro territorio.

 

Llíber, además, arrastra una historia especialmente controvertida en materia urbanística y política. La existencia de condenas relacionadas con la gestión urbanística del municipio forma parte de esa historia.

 

Y precisamente por eso deberíamos haber aprendido.

 

No podemos permitir que los errores del pasado se conviertan en los proyectos del futuro.

 

Tampoco podemos caer en la hipocresía de pensar que el problema es exclusivamente de Llíber. Basta con mirar determinados desarrollos de otros municipios para comprobar que la falta de valentía y planificación urbanística ha sido generalizada. Mirar la Solana de Xaló es de todo menos gratificante. Pero como he dicho no podemos volver a los 90.

 

La cuestión no es señalar a un municipio.

 

La cuestión es decidir si queremos seguir repitiendo el mismo modelo.

 

Y después está la política

 

El comunicado del alcalde también merece una respuesta en otro terreno: el político.

 

Cuando un alcalde responde a las críticas sobre un proyecto urbanístico con ataques personales, algo falla en el debate democrático.

 

En Llíber, desde hace años, quienes hemos ejercido la oposición hemos denunciado que discrepar del gobierno municipal tiene consecuencias políticas y personales.

 

Hemos tenido que defender a personas que formaban parte de las listas de Compromís per Llíber y a sus familiares frente a ataques que consideramos absolutamente impropios de una democracia.

 

No debería ser necesario decirlo, pero lo diré: en un pueblo nadie debería tener miedo a pensar diferente.

 

El Ayuntamiento no puede convertirse en un espacio de clientelismo político donde determinadas personas o intereses tengan más derechos que otras.

 

La política municipal debería servir para mejorar la vida de la gente.

 

Y precisamente por eso creo que el PP de Llíber debería dedicar menos esfuerzos a defender grandes proyectos inmobiliarios y más a resolver los problemas cotidianos de sus vecinos.

 

Las instalaciones escolares necesitan una reforma urgente. Las listas de espera sanitarias preocupan a las familias. Los vecinos tienen que desplazarse a otros municipios para practicar determinados deportes o acceder a determinadas actividades culturales. Los impuestos aumentan mientras algunos servicios no mejoran. Y muchos pequeños negocios tienen dificultades para sobrevivir. En Llíber muchos, demasiados, ya han cerrado.

 

Ese debería ser el debate.

 

¿Qué Llíber queremos?

 

Llíber es uno de los pueblos valencianos con más encanto y patrimonio. Lo sé por herencia, mi abuelo Francisco Fullana Reus (el “bios”) nació en Llíber.

 

Tenemos un territorio extraordinario, una identidad propia y un enorme potencial.

 

Precisamente por eso no podemos hipotecarlo.

 

No se trata de estar contra el progreso. Se trata de decidir qué entendemos por progreso.

 

No se trata de estar contra la construcción. Se trata de construir aquello que podamos mantener.

 

No se trata de estar contra el turismo. Se trata de conseguir un turismo que genere riqueza sin destruir aquello que lo hace venir.

 

Y no se trata de estar contra nadie.

 

Se trata de defender una Vall de Pop donde nuestros hijos puedan vivir, donde nuestros agricultores y pequeños empresarios puedan trabajar, donde el agua esté garantizada y donde el paisaje no sea simplemente una fotografía que enseñar a los turistas después de haberlo destruido.

 

Por eso creo que todavía estamos a tiempo.

 

A tiempo de parar el PAI de Llíber.

 

A tiempo de pensar qué modelo de pueblo queremos.

 

Y, sobre todo, a tiempo de entender que defender Llíber no consiste en defender un proyecto urbanístico concreto.

 

Consiste en defender el futuro de Llíber.

Gerard Fullana Martínez

Diputado provincial por el grupo parlamentario Compromís