Reiniciem, Compromís y CIBE anuncian recursos y nuevas acciones contra las licencias de Patmore

Los tres grupos políticos han comparecido en rueda de prensa para explicar los próximos pasos que prevén desarrollar tras la concesión de licencias de demolición y segregación de parcelas en el ámbito del proyecto. La intervención estuvo centrada especialmente en la aplicación del Plan Especial de Protección de la Franja Litoral, aprobado en 1998, que, según los comparecientes, no estaría siendo tenido en cuenta en la tramitación urbanística.

Mari Carmen Ronda, de Compromís, sostuvo que el Ayuntamiento estaría tramitando estas licencias sin aplicar las determinaciones del plan especial ni su anexo ambiental. Según señaló, dicho documento establece criterios de protección sobre flora, fauna, arbolado, acantilados, movimientos de tierra y edificaciones en la zona litoral. Ronda afirmó que “es imposible otorgar licencia a este proyecto en base al planeamiento existente”.

Entre las acciones anunciadas, los grupos indicaron que ampliarán la documentación presentada ante Fiscalía, incorporando el contenido del plan especial y su anexo. También avanzaron que recurrirán las licencias ya otorgadas y prepararán nuevas actuaciones legales ante una eventual concesión de licencias de obra mayor.

Juan Carlos Mut, de Reiniciem, explicó además que existe una cuestión vinculada a una vía pecuaria que, según la respuesta de Conselleria citada por el grupo, atravesaría varias parcelas incluidas en la segregación. Mut señaló que, si esa vía mantiene su condición pública, el Ayuntamiento no podría actuar sobre ella sin la correspondiente desafectación.

Por su parte, Isidor Mollà, de CIBE, afirmó que las formaciones llevarán el asunto “a todos los frentes”, tanto por la vía administrativa como por la vía judicial y política. Mollà también anunció nuevas movilizaciones ciudadanas, con presencia en espacios públicos como los mercados de los sábados, para informar a la población sobre el alcance del proyecto.

Los tres grupos sostienen que las actuaciones autorizadas hasta ahora suponen un paso previo a la construcción del complejo y consideran que el Ayuntamiento debe paralizar el procedimiento. En este sentido, pidieron que se revise la tramitación y que se aplique íntegramente la normativa de protección litoral vigente.