Compromís, CIBE y Reiniciem piden “denegar” la licencia y reclaman transparencia sobre el expediente urbanístico del ámbito Patmore en Benissa

La comparecencia estuvo protagonizada por Mari Carme Ronda (Compromís), Isidor Mollà (CIBE) y Juan Carlos Mut (Reiniciem). Según expusieron, el origen del asunto se sitúa en la propuesta de una modificación puntual del planeamiento y un convenio urbanístico que finalmente decayó después de que el pleno aprobara, a finales de noviembre de 2022, dejar “sin efecto” el convenio y activar una suspensión de licencias durante un año.

Mut puntualizó que esa suspensión podía haberse ampliado a un segundo año “si durante el primer año se empieza a trabajar la modificación”, pero sostuvo que el Ayuntamiento “no inició absolutamente nada”, lo que —según indicó— impidió legalmente la prórroga. Ronda lo resumió así: “No hacer nada limita a que se pueda pedir una prórroga de un año más”, hasta completar “los dos años legales” de suspensión.

En la rueda de prensa, Ronda también contextualizó la protesta del domingo con una cadena humana. Aseguró que participaron “unas 200 personas” y que el permiso solicitado era para 100, citando la respuesta de la Subdelegación: “El permiso es para 100 personas”. Añadió que el acto transcurrió “de forma pacífica”.

Los tres grupos centraron buena parte de la intervención en el Plan Especial de Protección de la Franja Litoral, que Ronda situó en vigor desde su aprobación definitiva en junio de 1998 y su publicación en el BOP el 16 de diciembre de 1998. En ese marco, detalló artículos sobre protección medioambiental y arbolado y sostuvo que en el expediente faltarían documentos, como un anexo del plan especial: “El plan especial contiene un anexo (…) y a la oposición no se nos ha facilitado ni está publicado”.

Ronda citó literalmente la previsión del propio plan especial sobre la “junta asesora del litoral” y su función: “La función de esta junta será supervisar, informar y aprobar en su caso cualquier proyecto”. Afirmó que esa junta “no se ha constituido nunca” y vinculó esa ausencia a la tramitación de licencias en las zonas afectadas.

En relación con la tramitación actual, Ronda sostuvo que, durante la suspensión de licencias, el Ayuntamiento habría continuado actuando sobre una solicitud registrada por la mercantil promotora en 2022 y añadió que se habría requerido documentación y el pago de tasas. “Cuando hay suspensión de licencias no se puede tramitar absolutamente nada”, afirmó, siempre según su relato. También apuntó que se habría otorgado una licencia de segregación de parcelas, algo que, a su juicio, no sería compatible con la ordenación vigente si no existe una modificación puntual aprobada por el pleno.

Mollà añadió que, en conversaciones previas, trasladó al promotor que su grupo no respaldaría la propuesta “tal cual” y sostuvo que lo que se pretende ahora sería “el cuádruple” de lo inicialmente planteado. Defendió que, si existe voluntad política, el procedimiento debe ajustarse “a la legalidad”.

En el turno de preguntas, Ronda diferenció el escenario que describían de otros casos basados en convenios urbanísticos y se refirió al caso Inmo Hold. Señaló que una indemnización acabó costando “2 millones” al Ayuntamiento, y atribuyó el cambio de estrategia jurídica a la etapa posterior a 2019.

Sobre el plano político, Ronda insistió en que no pretendía “acusar” a personas concretas, sino describir un problema de aplicación del planeamiento: “No estoy acusando a nadie. Estoy constatando una realidad”. Situó la responsabilidad de velar por el cumplimiento urbanístico en el área de Urbanismo “con todos sus técnicos, sus abogados, e incluso la Secretaría General”.

Mollà añadió que hay actuaciones que, en su opinión, resultan “muy llamativas”, y aludió a la contratación de un informe jurídico externo “en un despacho de Madrid” por “15.000 euros”, frente a la posibilidad de usar medios municipales, siempre según su exposición.

Los portavoces afirmaron que ya se habría remitido a Fiscalía información por la tala de arbolado y avanzaron un siguiente paso. “Ya hemos enviado a Fiscalía la tala del arbolado y la segunda acción será enviar a Fiscalía todo el incumplimiento del planeamiento vigente”, indicó Ronda, añadiendo que sería Fiscalía la que pediría los informes.

En cuanto a la “solución inmediata”, Mollà fue tajante: “La solución inmediata es denegar la licencia”. Mut reforzó ese criterio con una frase directa: “No cumple planeamiento: denegada”. Ronda insistió en que, según su planteamiento, “no tienen ningún derecho adquirido” y alertó del riesgo económico si se otorgaran licencias que después fueran anuladas: “La misma entidad jurídica que ha pagado (…) el pueblo”.

La rueda de prensa concluyó con el anuncio de nuevas iniciativas, incluida la intención de elevar a la Conselleria de Medio Ambiente una petición para que se revise un informe botánico que, según Mut, “no está completo”, además de reiterar su demanda de acceso a documentación y de publicación de planos y anexos en los canales de transparencia municipal.