Compromís pide al PP que actúe tras la apertura de juicio oral al alcalde de Llíber por el caso de los chalets ilegales

Compromís ha reclamado públicamente la dimisión o expulsión inmediata del alcalde de Llíber, José Juan Reus, tras la apertura de juicio oral en el conocido caso urbanístico relacionado con la construcción ilegal de 300 chalets en el municipio durante la legislatura 1999-2003, momento en el que Reus era el responsable del área de Educación. 

La coalición valencianista ha dirigido su petición al presidente de la Diputación de Alicante y presidente provincial del Partido Popular, Toni Pérez, así como al presidente autonómico del PP, Carlos Mazón, instándoles a que actúen con coherencia política y apliquen los mismos criterios que —según Compromís— exigen a otros partidos en casos similares.

Según ha manifestado el portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Ximo Perles, el Partido Popular “ha defendido públicamente que la apertura de juicio oral debe implicar la dimisión automática de cualquier cargo público”, y considera que esa doctrina debe aplicarse también en este caso. Compromís afirma que el PP actúa con dureza cuando los casos afectan a formaciones distintas, pero —según denuncia— guarda silencio cuando afectan a sus propios cargos. Perles ha señalado que “si Toni Pérez quiere mantener un mínimo de coherencia y credibilidad, debe actuar ya y cesar al alcalde José Juan Reus”.

La formación recuerda que la Fiscalía acusa a José Juan Reus de delitos relacionados con la concesión irregular de licencias urbanísticas, y solicita para él una pena de inhabilitación para cargo público durante 8 años y 6 meses, además de una multa económica. El caso, que implica a un total de diez personas —entre ellas el exalcalde José Mas—, está siendo juzgado más de 22 años después de los hechos, algo que Compromís ha calificado como una “vergüenza democrática”.

Desde la coalición se ha denunciado también que el retraso del proceso judicial ha permitido que José Juan Reus haya continuado ocupando cargos públicos e impulsando, según Compromís, un modelo de urbanismo depredador. La formación cita como ejemplo el reciente PAI para 488 nuevas viviendas, tramitado en una zona que —afirman— sufre graves problemas de abastecimiento de agua y donde se habría destruido el último paraje virgen de Llíber.

Compromís ha calificado el caso como “una muestra de cómo la impunidad y la ausencia de responsabilidad política y judicial perpetúan prácticas urbanísticas que dañan el territorio y comprometen el futuro del municipio”. Asimismo, ha criticado el “injustificado retraso judicial” del procedimiento, que a su juicio ha supuesto que muchas de las personas afectadas, especialmente residentes extranjeros, “hayan fallecido o abandonado su lucha sin ver que se haga justicia”.

La formación concluye que solo dotando al poder judicial de recursos suficientes será posible resolver el actual colapso en los juzgados y garantizar el cumplimiento efectivo del Estado de derecho.