El Partido Popular de Alcalalí acusa a la alcaldesa de ocultar una ordenanza de tasas que finalmente se ha visto obligada a retirar

El Partido Popular de Alcalalí, principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento, ha denunciado públicamente lo que califica como una "fuerte amonestación política" a la alcaldesa del municipio tras el proceso de aprobación y posterior retirada de una ordenanza municipal relativa al acceso a parcelas o locales destinados a garajes y cocheras.

Según ha manifestado el Partido Popular de Alcalalí, la ordenanza fue aprobada el pasado 14 de marzo por mayoría simple del grupo Compromís, que cuenta con cuatro de los nueve concejales del consistorio. Dicha normativa fijaba nuevas tasas que, a juicio del grupo popular, no fueron comunicadas ni difundidas de forma adecuada entre la población. Desde el Partido Popular se asegura que ni los concejales de la oposición ni la ciudadanía fueron informados previamente de esta medida, cuestionando así la validez de los trámites de publicidad exigidos por ley para la aprobación de este tipo de ordenanzas.

El grupo popular sostiene que la alcaldesa optó por una "estrategia de sigilo total" con el fin de que el procedimiento administrativo pasara desapercibido. A esto se suma que, según afirma el Partido Popular, el pleno se convocó con tan solo tres días de antelación y en un horario que impedía la asistencia de los ediles de la oposición. También señalan que la grabación del pleno no fue publicada en el canal oficial del Ayuntamiento hasta casi dos semanas después de su celebración.

Ante esta situación, los concejales del Partido Popular de Alcalalí elaboraron unas alegaciones que difundieron por distintos medios —como redes sociales, grupos de mensajería y formato impreso— para facilitar su conocimiento entre los vecinos. El grupo popular destaca que se aprovechó el periodo legal de 30 días hábiles para la presentación de alegaciones tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Según el Partido Popular de Alcalalí, la iniciativa tuvo una "respuesta masiva" por parte de los vecinos, tanto nacionales como extranjeros residentes, que acudieron de forma continuada al Ayuntamiento para presentar sus alegaciones. Esta presión vecinal habría llevado finalmente a la alcaldesa a rectificar. El pasado 9 de abril, la primera edil se vio forzada a emitir un comunicado oficial en el que anunciaba que su equipo de gobierno no seguiría adelante con la ordenanza aprobada previamente por su propio grupo.

Desde el Partido Popular se interpreta esta marcha atrás como una victoria ciudadana y un revés político para el equipo de gobierno, que, según afirman, se ha visto obligado a retirar una norma impopular por "puro cálculo electoral".