El PP de Benissa explica los detalles de la expropiación del caso Inmo Hold

La empresa ”Inmo Hold, SA” era propietaria de una parcela de 17.696 m2 que, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), está calificada como zona verde. Esta zona verde se sitúa en un pequeño tossal de la zona costera de Benissa, en la parte alta de la urbanización “La Viña” y dispone de unas vistas excepcionales.

En el año 2009, la propiedad solicitó ceder esa parcela al Ayuntamiento de Benissa, a cambio de que el Ayuntamiento le reconociese los derechos urbanísticos que legalmente le correspondían. El Ayuntamiento, que no podía no aceptar la cesión de la zona verde, reconoció esos derechos que, según el Plan General entonces vigente, eran de 2.299,77 “unidades de aprovechamiento”. Esto significaba que, a partir del plazo legal de cuatro años, el Ayuntamiento tendría que compensar esos derechos urbanísticos entregando una parcela en la que poder edificar esos 2.299,77 metros cuadrados de construcción; o, en caso de no disponer de suficiente suelo para ello, tendría que compensar en metálico al propietario. En este último caso, la determinación de cuál es el valor económico de esos derechos urbanísticos se realiza mediante un expediente de expropiación, en el que el propietario y el Ayuntamiento hacen sus propuestas de valoración y los Tribunales de Justicia finalmente deciden cuál es el valor correcto, que se denomina “justiprecio”.

En julio de 2017, la empresa ”Inmo Hold, SA” solicitó el inicio del expediente de expropiación. Después de un largo proceso judicial, la determinación del justiprecio se finalizó con la Sentencia de fecha 2 de junio de 2022 y con el Auto Judicial de fecha 6 de noviembre de 2023, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que estableció el justiprecio de las 2.299,77 “unidades de aprovechamiento” en la cantidad de 1.955.875,09 euros. Consecuentemente, la zona verde le cuesta al Ayuntamiento de Benissa a razón de 110,53 euros por metro cuadrado.

El obligado pago de esa cantidad al propietario que cedió la zona verde, que a fecha de hoy todavía no ha sido abonada, ha generado mucha controversia política en el Ayuntamiento de Benissa.

Por un lado, el equipo de gobierno del Partido Popular entiende que la sentencia es clarísima y que, por tanto, sí o sí, hay que pagar al propietario la cantidad dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Por otro lado, los grupos políticos Compromís y CIBE (ambos con un único concejal cada uno: Mari Carmen Ronda y Isidoro Mollá), proponen que el justiprecio establecido en la sentencia sea pagado mediante el reconocimiento de los derechos urbanísticos que tiene el propietario, la empresa “Inmo Hold, SA”; y que esto se realice mediante un acuerdo del Pleno Municipal que reconociera nuevamente esos derechos. Para ello, los grupos Compromís y CIBE se apoyan en el informe jurídico que ha emitido la Técnico de Administración General (TAG) en el que indica que, a su juicio, no es obligatorio pagar el justiprecio dictado y que lo que, en realidad, exige la sentencia es que se reconozca los derechos urbanísticos de “Inmo Hold, SA” en un sector concreto de suelo urbanizable del PGOU de Benissa. Adicionalmente solicitaron a la Alcaldía la convocatoria de un pleno extraordinario y urgente para la aprobación de esta propuesta.

Tras dicha petición, el alcalde, D. Arturo Poquet, convocó el Pleno Extraordinario y Urgente del Ayuntamiento de Benissa que se celebró ayer, día 16 de junio, a las 9:30 de la mañana.

En ese pleno municipal el Alcalde manifestó que, desde su punto de vista jurídico, esa propuesta no supone el efectivo cumplimiento de la sentencia; pero, no obstante, no quiso obstaculizar que la propuesta saliera adelante, por lo que anunció que el Grupo Municipal Popular se abstendría en la votación de la misma.

La propuesta de la TAG salió adelante con los dos únicos votos a favor de los grupos Compromís y CIBE; y las catorce abstenciones del resto de los grupos políticos municipales: PP, Reiniciem y PSOE.

Tal y como ha garantizado Poquet, la propuesta aprobada en el pleno de ayer se presentará ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, quien deberá pronunciarse al respecto.