Salvem La Vall y nueve colectivos en defensa del territorio llevan los abusos urbanísticos del País Valencià a Bruselas
La avalancha de proyectos urbanísticos que atentan contra el territorio ha llevado a los colectivos ecologistas a elevar sus luchas a las instituciones europeas y solicitar que se hagan efectivas las directivas medioambientales comunitarias.
Este martes, miembros de Salvem La Vall y nueve otros colectivos en defensa del territorio se han reunido con Eurocomisarios y Eurodiputados para exponer la problemática estructural y común alrededor de abusos urbanísticos, como por ejemplo el Macro-PAI de Llíber.
Concretamente, desde Salvem La Vall se ha denunciado el incumplimiento sistemático de normativas europeas referentes al medio ambiente que son vulneradas por el Macro-PAI. Por ejemplo, la Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA), el Paisaje de Relevancia Regional desde Gallinera hasta Castell de Castells, el Paisaje protegido de la Sierra de Bèrnia y del Ferrer; todos ellos recogidos en el Convenio Europeo del Paisaje, ratificado en el País Valencià en 2004.
![[Img #32293]](https://benissadigital.es/upload/images/04_2024/8617_bruselas.jpg)
Se han denunciado las irregularidades cometidas por la VAPF, con la connivencia del ayuntamiento de Llíber, para aprobar el PAI; que suponen una continuación de las malas prácticas que ya fueron sancionadas por la UE gracias a los informes Fourtou y Auken.
En consecuencia, se ha exigido la paralización completa del Macro-PAI y la incorporación a la legislación europea del derecho al consentimiento previo, libre e informado de la población ante cualquier intervención que afecte la sostenibilidad, el paisaje, el agua y los recursos comunes. Todos ellos derechos humanos reconocidos que nunca deberían convertirse en mercancías especulativas.
Por parte de la Comisión y los diputados, se ha transmitido su preocupación por estas vulneraciones, y se han comprometido a redactar una carta dirigida a las autoridades políticas implicadas para ejercer presión y lograr que se cumplan las directivas europeas relativas al territorio, el agua, la protección de las especies y sus hábitats.

La avalancha de proyectos urbanísticos que atentan contra el territorio ha llevado a los colectivos ecologistas a elevar sus luchas a las instituciones europeas y solicitar que se hagan efectivas las directivas medioambientales comunitarias.
Este martes, miembros de Salvem La Vall y nueve otros colectivos en defensa del territorio se han reunido con Eurocomisarios y Eurodiputados para exponer la problemática estructural y común alrededor de abusos urbanísticos, como por ejemplo el Macro-PAI de Llíber.
Concretamente, desde Salvem La Vall se ha denunciado el incumplimiento sistemático de normativas europeas referentes al medio ambiente que son vulneradas por el Macro-PAI. Por ejemplo, la Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA), el Paisaje de Relevancia Regional desde Gallinera hasta Castell de Castells, el Paisaje protegido de la Sierra de Bèrnia y del Ferrer; todos ellos recogidos en el Convenio Europeo del Paisaje, ratificado en el País Valencià en 2004.
![[Img #32293]](https://benissadigital.es/upload/images/04_2024/8617_bruselas.jpg)
Se han denunciado las irregularidades cometidas por la VAPF, con la connivencia del ayuntamiento de Llíber, para aprobar el PAI; que suponen una continuación de las malas prácticas que ya fueron sancionadas por la UE gracias a los informes Fourtou y Auken.
En consecuencia, se ha exigido la paralización completa del Macro-PAI y la incorporación a la legislación europea del derecho al consentimiento previo, libre e informado de la población ante cualquier intervención que afecte la sostenibilidad, el paisaje, el agua y los recursos comunes. Todos ellos derechos humanos reconocidos que nunca deberían convertirse en mercancías especulativas.
Por parte de la Comisión y los diputados, se ha transmitido su preocupación por estas vulneraciones, y se han comprometido a redactar una carta dirigida a las autoridades políticas implicadas para ejercer presión y lograr que se cumplan las directivas europeas relativas al territorio, el agua, la protección de las especies y sus hábitats.





















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