La plataforma Salvem la Vall y entidades ecologistas denuncian la falta de acción frente a la alarmante sequía en la Marina Alta

El pasado 25 de marzo, la CHJ comunico oficialmente a todos los Ayuntamientos de la Marina Alta que la situación de sequía y escasez en la Demarcación está empeorando, llevando a la comarca a una situación de sequía prolongada y emergencia, "la peor sequía en 33 años" según declaró la propia CHJ el pasado 21 de marzo.

Con esta comunicación, la CHJ avisa y delega en los Ayuntamientos la implementación de medidas, protegiéndose de lo que las entidades cívicas comarcales vienen denunciando desde hace meses: la falta de actuaciones firmes para limitar, ya no el consumo agrícola sino el urbano, que es más preocupante dada el incremento de población (y por tanto de consumo de agua) con la llegada de los turistas de Semana Santa y el verano, así como el incoherente silencio de la CHJ ante la reactivación de los nuevos planes urbanísticos en toda la comarca como el campo de golf y la macro-urbanización Penya Roja de Pego y el macro PAI Medina de Llíber.

De hecho, el Plan de Sequía Especial al que la CHJ remite a los ayuntamientos, ya insta al "refuerzo de la vigilancia para la conservación de los ecosistemas acuáticos y protección de zonas húmedas y especies fluviales, así como fiscalizar el impacto de otras medidas sobre el medio natural, con especial atención a la Marjal de Pego-Oliva". De hecho, el PES considera que este último paraje puede sufrir "episodios críticos".

En cuanto al caso de Llíber, Acción Ecologista Agró ya denunciaba ante la CHJ su preocupación por la situación de déficit hídrico comarcal y particularmente, por el pozo de Parcent, ya que las demandas de agua de los últimos cinco años han excedido los volúmenes autorizados tanto por Llíber como por Xaló, así como que otros pozos disponibles no cumplen con los parámetros de potabilidad establecidos por la correspondiente legislación.

Ante esta situación, las entidades ecologistas alertan tanto a la CHJ como a los respectivos Ayuntamientos autores de la concesión de las licencias y a la propia Consejería de Medio Ambiente como agente principal custodio del común, que serán responsables de los daños que se puedan causar y que emprenderán las acciones judiciales en defensa del bienestar general y "la adecuada protección del dominio público hidráulico, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo comarcal con el medio ambiente", de acuerdo con la Ley de Aguas.