‘Desaparecer’ parcialmente de Internet está legitimado: Derecho al olvido

El derecho de supresión, conocido también como derecho al olvido, constituye una herramienta legal fundamental en el ámbito de la protección de datos en internet. Se trata de una opción individual de la ciudadanía para manifestar su deseo de no constar en los buscadores online.

Este derecho otorga a las personas la facultad de impedir la difusión de su información personal a través de la red cuando su publicación en sí no cumpla con los requisitos de adecuación y pertinencia establecidos en la normativa vigente (como puede ser en el caso de un trámite burocrático de carácter público).

En esencia, el derecho de supresión busca limitar la difusión universal e indiscriminada de datos personales especialmente cuando dicha información en cuestión es obsoleta o carece de relevancia o interés público. Es importante destacar que este derecho no invalida la legitimidad de la publicación original de la información, sobre todo cuando esta está respaldada por las libertades de expresión o de información.

Uno de los aspectos relevantes del derecho al olvido es la posibilidad de ejercerlo directamente ante el buscador sin necesidad de acudir previamente a la fuente original que ha difundido la información personal. Esto se debe a que los motores de búsqueda y los editores originales realizan tratamientos de datos diferenciados, provocando un impacto distinto en la privacidad de las personas.

Es importante tener claro que el ejercicio del derecho de supresión frente a un buscador no implica la eliminación total de la información de Internet. Según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de mayo de 2014, este derecho solo afecta a los resultados de búsqueda realizados mediante el nombre de la persona que solicita ejercer este derecho. La información seguirá disponible en Internet y será accesible mediante otros términos de búsqueda distintos al nombre del afectado.

Para ejercer este derecho es necesario dirigirse, primero, al buscador correspondiente utilizando los formularios habilitados para este fin por los principales motores de búsqueda como Google, Bing o Yahoo. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria o de considerar que la misma no es adecuada, el ciudadano o ciudadana tiene la opción de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Esta entidad evaluará cada caso de manera individual y determinará si procede o no la supresión de la información. En última instancia, la decisión de la Agencia puede ser recurrida ante los tribunales.

También es importante señalar que el derecho de supresión no implica una limitación absoluta al acceso a la información. La sentencia establece la necesidad de realizar una ponderación caso por caso, para equilibrar los diferentes derechos e intereses en juego. Informaciones de interés público o relacionadas con figuras públicas, por ejemplo, pueden no ser objeto de supresión en virtud de este derecho ya que se debe tener en cuenta el interés legítimo de las personas usuarias en acceder a dicha información.

En este enlace aparece una batería de preguntas y respuestas habituales sobre cómo ejercer este derecho en el buscador Google.