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Jueves, 31 de Octubre de 2019 Tiempo de lectura:

Denuncian la falta de avances de la administración local de Benissa tras la sentencia por acoso laboral en Benissa Impuls

La empleada de la mercantil Benissa Impuls S.A.M., Marilén Tent Baydal, solicitará la ejecución provisional de la sentencia, tras poner de manifiesto que “prácticamente nada se ha hecho por parte de la administración pública a pesar de tener una sentencia que condena a la empresa de titularidad pública y a dos trabajadores solidariamente por acoso laboral”.

Marilén Tent ha señalado que en la actualidad desconoce la situación de su futuro laboral en la mercantil pública.

Una sentencia del del Juzgado de lo Social Nº 1 de Benidorm falló el pasado mes de julio a favor de Marilén Tent Baydal, empleada de la mercantil pública de Benissa Impuls S.A.M. La condena señala que se “ha vulnerado el derecho a la integridad física y moral de la trabajadora demandante”.

 

Pues bien, tras varios meses el nuevo gobierno del Partido Popular, a juicio de la demandante, "no se ha hecho prácticamente nada por buscar una solución a su problema" y teme las consecuencias que pudieran derivarse a la reincorporación a su puesto de trabajo.

 

La demandante, ha explicado que lo único que se ha puesto en marcha desde la administración tras la condena -que fue recurrida por parte de los demandados y por tanto no es firme- ha sido la puesta en marcha de un “gabinete psicológico para que medie entre las partes”, algo que señaló, “fue aprobado por todos los partidos que tienen representación en el consejo de administración de la empresa de titularidad pública, a excepción del voto en contra de Isidor Mollà”.

 

El desconocimiento de la empleada pública sobre su futuro laboral y tras valorar que desde la administración local "tan solo se ha puesto un parche, sin solucionar el acoso sufrido” ha sido determinante para señalar que su abogada, está preparando la solicitud de la ejecución provisional del fallo de sentencia en la que se pone de manifiesto de manera clara e inequívoca que “se han  vulnerado el derecho a la integridad física y moral  de la trabajadora demandante, ordenando el cese inmediato de su actuación y procediendo al restablecimiento de las anteriores condiciones con reposición de sus anteriores cometidos laborales ( administrativa y recursos humanos) y condenándolas solidariamente al abono de la suma de  25.000 euros en concepto de daños morales”.

 

Por su parte, fuentes de la administración pública han señalado a preguntas de esta redacción que “la sentencia no es firme” ya que “está recurrida por los trabajadores” y que la mercantil pública “está facilitando por todos los medios la reincorporación” y con este fin “se ha contratado a un gabinete mediador”.

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