Abel Cardona ocultó presuntamente a gobierno y oposición la impugnación de la VPT

Tras las dos reuniones que han mantenido los sindicatos con el actual equipo de gobierno y miembros de la oposición, hemos sido conocedores de determinados hechos que podrían probar una ocultación de información por parte del gobierno de Reiniciem al resto de la corporación municipal. 

Según fuentes de toda solvencia, el exalcalde, Abel Cardona, escondió presuntamente la decisión de la subdelegación del gobierno en Alicante de impugnar la VPT que un año antes había sido aprobada con la abstención del Partido Popular y el voto en contra de CIBE. Cardona, que en su momento calificó la nueva RPT y VPT  como un “trabajo sólido” queda  desacreditado ante esta decisión que confirma posibles “excesos” al elaborar una propuesta en contra de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.  Una valoración de puestos de trabajo que, ya en su día, el propio Arturo Poquet, actual alcalde de Benissa, cuestionó por la falta de informes. Finalmente han sido los técnicos estatales los que han dado la razón al primer edil popular.

Las mismas fuentes señalan que el Ayuntamiento de Benissa recibió el pasado 18 de abril de 2019 la notificación del recurso contencioso administrativo contra la VPT. Con la vista puesta en las elecciones y conocedor del desgaste político que supone para un gobierno tal hecho, el dirigente de Reiniciem optó por no informar al resto de grupos políticos del consistorio, máxima que argumenta porque “las preguntas en relación a la VPT se habían formulado con fecha anterior al 18 de abril”. El exalcalde parece justificar de esta manera el hecho presunto de haber ocultado deliberadamente una información de tal importancia para el conjunto del consistorio. Pero, además, fuentes sindicales explicaron que Abel Cardona puso el asunto en manos de un gabinete jurídico sin la existencia de una contratación para la realización del dicho servicio y sin informar a la junta de gobierno con el objeto, siempre guardando la presunción de inocencia "de esconder dicho informe". Hecho, este último, que, según las fuentes consultadas, podría ser constitutivo de un presunto delito de revelación de documento secreto.

Está previsto que la situación actual en la que se encuentra la VPT se resuelva antes de que finalice el mes de noviembre. De confirmarse la supuesta irregularidad, los principales damnificados serán los empleados municipales.