El portavoz del BLOC de Benissa-Coalició COMPROMIS, solicita por segunda vez la liquidación que la Generalitat mantiene con el consistorio local

Son los siguientes:

1. - Que la Generalitat abone en un plazo máximo de 6 meses (antes de comenzar el mes de junio de 2012) la cantidad de 653.960,21 euros, que debe a los ciudadanos de Benissa.
2. - Que se normalice la situación a partir del año 2012, poniendo un límite por ley de abono a las administraciones locales.


Para el portavoz nacionalista Xavi Tro, a través de comunicado enviado a los medios, manifestaba que: "En el debate de la misma, el señor alcalde, Juan Bautista Rosselló, quien desde el principio se manifestó totalmente en contra de nuestra moción, y que además, aseguró, que el Ayuntamiento de Benissa y la Generalitat, mantenían una deuda prácticamente al día, y que, entre otras cosas, aprobar dicha moción, iba en contra de los intereses del Ayuntamiento, ya que se daba a la Generalitat, un plazo de seis meses, para que se pusiera al corriente de los pagos.

La moción, finalmente se dejó sobre la mesa, con el voto favorable de los grupos municipales PP, PSD y CIBE y los votos en contra del PSOE y el BLOC.

"Lo cierto- afirman los nacionalistas-, es que la deuda de la Generalitat con el Ayuntamiento de Benissa, desde ese día, tampoco seis meses después, ni los 17 que hace que presentamos esa moción, no se ha liquidado, de hecho, ha aumentado considerablemente, a día de hoy, y según datos del propio Consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, ha pasado de 653.960,21 euros a 904.095,67 euros, aumentando en 250.135,46 euros".

Por esta razón desde el BLOC de Benissa-Cualició COMPROMIS,  solicitará por segunda vez, nuevamente a través de una moción en el próximo pleno ordinario del día 5 de junio del presente año lo siguiente:

1. - Que la Generalitat abone en un plazo máximo de 6 meses (antes de comenzar el mes de enero de 2014), los 904.095, 67 euros que nos debe a los ciudadanos de Benissa, a día de hoy.
2. - Que se normalice la situación a partir del año 2014, poniendo un límite por ley de abono a las administraciones locales.