Suprimir todos los partidos

A contracorriente

No pasa ni un día sin que se descubra un nuevo asunto, o dos, de corrupción en la política española y sus aledaños. De Iñaki Urdangarin a Luis Bárcenas, de Jaume Matas a Amy Martin, de los ERE de Andalucía al caso Pallerols, de Félix Millet al caso Campeón,…


Son cientos, si no miles, los delitos de este tipo que se hallan en distintas fases procesales ante los tribunales de Justicia. Y muchos más lo que se han ocultado, condonado, indultado, acogido a fórmulas varias de compromiso entre los implicados o dilatado indefinidamente su instrucción en los Juzgados.


Por su volumen, por la cuantía de lo malversado y por la desfachatez moral de sus autores, nos encontramos, sin exageración, ante un saqueo sistemático de las arcas públicas en perjuicio de todos los españoles.


Algo parecido ocurrió hace veinte años en Italia, donde el escándalo de la tangentópolis barrió a la clase política del país —con algún suicidio incluido—, hizo desaparecer a los partidos tradicionales y obligó a exiliarse en Túnez al ex primer ministro socialista Bettino Craxi.
En analogía con ello, ha llegado la hora de que aquí se larguen en bloque los políticos que nos han conducido a la catástrofe económica, social y moral actual y vayan a la actividad privada, a ver cómo se las arreglan para ganarse la vida honradamente.


Seguro que hay hombres y mujeres capaces y honestos en este país que, bajo  nuevas siglas, pueden representarnos con eficacia y dignidad en las instituciones públicas.


De no hacerse esto con presteza y con prudencia, corremos el riesgo de que la creciente indignación social explote cualquier día e imponga ese cambio sin ningún miramiento y, lo que es peor, sin ningún criterio.